El sector vinculado a la producción de biocombustibles sigue preocupado por el proyecto de ley presentado por el Frente de Todos, que pone en estado de alerta a la mayoría de las cámaras del sector y a sus cadenas de valor, tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Autoridad de Aplicación. Esta preocupación fue expresada por las entidades y asociaciones vinculadas al maíz y a la soja.
La iniciativa oficialista, que obtuvo esta semana dictamen favorable de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, promueve una reducción de la mezcla de biodiesel en gasoil/diesel de un 10% a un 3%, y de un 12% hasta un 9% en el caso del bioetanol. Este ajuste se aplicaría exclusivamente, y sin razón alguna, a las empresas que lo producen en base a maíz. Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles -que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene el país-, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad y a intervenir en mercados que no son ni deben ser de su incumbencia.
“Esas facultades extraordinarias quitan todo viso de seguridad jurídica al proyecto. Es un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor; en especial, en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos, como el maíz y el aceite de soja, lo que constituye un impedimento para su normal y eficiente desarrollo”, dijeron voceros de las entidades del sector.